La respuesta más sólida es que la jurisprudencia española admite en principio el uso de correo electrónico y SMS para una comunicación jurídicamente relevante, siempre que el sistema empleado garantice autenticidad, integridad y constancia fehaciente de la remisión y la recepción.
En este sentido Capibara cuenta con la colaboración de Lleidanet: una entidad certificadora que ofrece garantías legales ante la necesidad de probar estos requisitos.Es necesario que se consolide jurisprudencia en el ámbito de estos nuevos requisitos preprocesal para interponer demanda judicial, pero cabe alcanzar esta conclusión de forma rigurosa por analogía en jurisprudencia similar ya dictada en otros ámbitos donde también se exige comunicación fehaciente entre las partes.
La base normativa más importante está en la regulación procesal de las comunicaciones electrónicas. Esa regulación acepta el uso de medios electrónicos cuando permitan acreditar de manera fiable quién comunica, qué se comunica, cuándo se remite y cuándo se recibe. Sobre esa base, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala social del 08 de abril de 2019, aplica ese régimen a las comunicaciones electrónicas y confirma que, si consta la correcta remisión y se cumplen los requisitos legales de constancia y autenticidad, la comunicación puede producir efectos jurídicos.
Aplicado a la pregunta: ¿Se puede enviar una oferta vinculante por buromail certificado o por SMS? se puede sostener de forma muy razonable que una oferta vinculante preprocesal podría enviarse por correo electrónico y por SMS si ambos envíos van acompañados de certificación que acredite remisión y recepción.
La herramienta Capibara para el envio de ofertas vinculantes remite simultáneamente y emite certificado, tanto del envío y como de la recepción, mediante doble certificado vía buromail, y vía SMS.
El ordenamiento español admite, en general, comunicaciones jurídicas por medios electrónicos como correo electrónico y SMS, y puede afirmarse que esos medios sirven para la oferta vinculante exigida como presupuesto previo al proceso judicial.
La pieza normativa principal para alcanzar tal afirmación es la regulación de los actos de comunicación electrónicos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que establece las comunicaciones por medios electrónicos, informáticos o similares son admisibles cuando el sistema utilizado garantice la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y deje constancia fehaciente de la remisión y de la recepción íntegras. Ese es el criterio normativo más importante de esta cuestión, porque no se limita a declarar una preferencia tecnológica, sino que fija las condiciones funcionales que debe cumplir el medio empleado: fiabilidad, trazabilidad e integridad y, en este sentido, Capibara emitirá un certificado sobre la comunicación, el contenido de la misma, y la emisión y recepción íntegra de la misma.
Ese criterio se ve reforzado por la reforma procesal reflejada en Ley 42/2015, de 5 de octubre, que insiste en que los actos de comunicación practicados por medios electrónicos o telemáticos serán válidos cuando quede constancia suficiente de la recepción, de su fecha, de su hora y del contenido comunicado, además de la identificación del receptor. Aunque este criterio se refiere al marco procesal que se ha reformado, resulta relevante porque concreta los elementos probatorios exigibles para considerar válida una comunicación electrónica, y en Capibara nos hemos esforzado para que todos los detalles consten en los certificados de envío que tu oferta vinculante debe contener para que sea válida ante el Juzgado.
También es útil, aunque con menor peso para la cuestión estrictamente procesal, la referencia contenida en Ley 3/2014, de 27 de marzo, en materia de consumo, donde se admite que la aceptación del consumidor pueda emitirse por escrito mediante distintos soportes, incluyendo correo electrónico y SMS. Esa norma no regula el requisito preprocesal aquí discutido, pero sí muestra que el legislador español no considera en abstracto inidóneos esos dos canales para declaraciones negociales o comunicaciones con efectos jurídicos.
En el plano jurisprudencial, en un tema tan sensible y protegido como que las comunicaciones que se realicen a los trabajadores sean válidas, la Sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Social, de 8 de abril de 2019 tiene relevancia en que asume la validez de las comunicaciones electrónicas remitiéndose al régimen del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manteniendo la lógica de autenticidad y constancia fehaciente.
Esta sentencia parte de que las comunicaciones electrónicas en el ámbito jurisdiccional se rigen por el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y recuerda que, cuando consta la correcta remisión por medios técnicos y el destinatario no accede al contenido en determinado plazo, la comunicación puede entenderse legalmente efectuada.
Su enseñanza principal es doble. En primer lugar, reconoce que los medios electrónicos son aptos para producir efectos jurídicos si se ajustan a las garantías legales. En segundo lugar, subraya que el núcleo del problema no está tanto en la clase de medio empleado cuanto en la posibilidad de acreditar de forma fiable el iter comunicativo: remisión correcta, identificación del destinatario, acceso o posibilidad de acceso y constancia del contenido. La legislación sigue requiriendo autenticidad, integridad y constancia fehaciente de remisión y recepción, y esta jurisprudencia exige los mismos requisitos.
Si una comunicación preprocesal se remite por correo electrónico y por SMS, y ambos envíos cuentan con certificación que acredite su remisión y su recepción, el esquema encaja con los requisitos funcionales que la legislación procesal exige para admitir comunicaciones electrónicas con eficacia jurídica, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La razón principal es que el legislador procesal no parece privilegiar un soporte concreto, sino unas garantías concretas. El eje no es si el canal es correo electrónico, SMS u otro medio semejante; el eje es si el sistema utilizado asegura autenticidad del emisor, integridad del contenido y constancia fehaciente del envío y de la recepción. Si esos extremos quedan acreditados mediante certificados legales, el obstáculo principal que suele plantear la comunicación electrónica —la prueba de que el mensaje fue realmente enviado, recibido y con un contenido determinado— queda sustancialmente mitigado.
Además, el empleo conjunto de correo electrónico y SMS en Capibara refuerza la comunicación probatoriamente. Un doble canal de notificación con trazabilidad certificada ofrece mayores posibilidades de demostrar que el destinatario recibió o pudo recibir la oferta. Permiten concluir que, usados conjuntamente y con acreditación robusta, el estándar de fiabilidad exigido por la legislación procesal queda más cerca de cumplirse que si se utilizara un medio informal sin certificación.
La Sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Social, de 8 de abril de 2019 apoya esa conclusión de forma indirecta. La lógica de esa resolución es que la comunicación electrónica despliega efectos cuando puede acreditarse su correcta remisión conforme al régimen procesal. Trasladada a la oferta vinculante preprocesal, esa misma lógica conduce a considerar admisible la remisión por correo electrónico o SMS cuando exista prueba bastante del envío y de su recepción.
También resulta significativo que, en el ámbito de las relaciones de consumo, el legislador haya reconocido expresamente la idoneidad del correo electrónico y del SMS para exteriorizar aceptación o acuerdo escrito, Ley 3/2014, de 27 de marzo. Esa norma no resuelve por sí sola el problema procesal, pero refuerza la idea general de que ambos medios son aptos para vehicular declaraciones con relevancia jurídica. En otras palabras, no hay ninguna norma o sentencia que estigmatice esos canales como intrínsecamente inválidos.
Es decir, la jurisprudencia existente hasta la fecha acepta la validez de las comunicaciones electrónicas cuando se acomodan a las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que esa doctrina es compatible con considerar bastante una oferta remitida por esos canales si existe constancia fehaciente del envío y de la recepción.
El punto crítico en este tipo de comunicaciones no es la mera remisión técnica del mensaje, sino su aptitud probatoria. A la luz de Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y Ley 42/2015, de 5 de octubre, parece necesario que el sistema permita demostrar al menos cuatro extremos.
- Primero, quién remitió la comunicación. La autenticidad del origen es esencial, porque una oferta vinculante debe poder imputarse con seguridad a quien la formula.
- Segundo, cuál fue exactamente el contenido remitido. No bastaría con acreditar que se envió “un mensaje”; debe poder acreditarse el texto concreto de la oferta, para que el órgano judicial pueda comprobar su suficiencia material.
En Capibara estamos al caso que las sentencias relativas a la oferta vinculante consideran que la oferta vinculante es confidencial, y que por tanto la actora tiene que acreditar únicamente que se ha remitido una oferta vinculante, no su contenido.
En nuestra aplicación Capibara te facilitaremos:
Ambos documentos estarán disponibles directamente en la aplicación y se enviarán por correo electrónico a las dos partes.
- Tercero, cuándo se produjo el envío y, en su caso, la recepción. La fecha y la hora son relevantes tanto para computar plazos como para acreditar que el intento preprocesal precedió realmente a la vía judicial.
- Cuarto, a qué destinatario se dirigió y si la dirección electrónica o número telefónico utilizados pueden vincularse razonablemente con ese destinatario. Un certificado de envío y recepción es muy útil, pero pierde fuerza si no puede asociarse de manera fiable el email o el número móvil a la persona requerida.
Con arreglo a estos requisitos lo relevante es que el medio empleado ofrezca constancia fehaciente e íntegra.
La sentencia del TSJ de Castilla y León también sugiere otra idea relevante: en materia de comunicaciones electrónicas, la falta de acceso efectivo al contenido no siempre impide la producción de efectos si consta la correcta remisión y se cumplen las reglas legales aplicables, Sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Social, de 8 de abril de 2019. Aunque ese razonamiento procede de un contexto jurisdiccional concreto y no debe extrapolarse automáticamente, apunta a que la eficacia jurídica puede descansar no solo en la lectura material del mensaje por el destinatario, sino en la correcta puesta a su disposición a través de un sistema legalmente idóneo.
En Capibara enviamos el SMS con el texto explícito: "Oferta vinculante" y remitimos, mediante link, el acceso al contenido de la misma.
La respuesta más correcta es que, a pesar de la novedad de las exigencias de negociación, oferta vinculante y sistemas MASC o ADR, sí existe apoyo suficiente para considerar admisible el envío de una oferta vinculante preprocesal por correo electrónico y por SMS cuando ambos envíos cuentan con certificación legal de remisión y recepción, porque ese método satisface, en principio, los criterios de autenticidad, integridad y constancia fehaciente exigidos por Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y reforzados por Ley 42/2015, de 5 de octubre.
La jurisprudencia deberá acabar de resolver de forma sólida, expresa y específica ese supuesto concreto a través de las sentencias del Tribunal Supremo, pero muchos Juzgados de primera instáncia ya están admitiendo estas vías de comunicación, y con casi un aboluta certeza el Tribunal Supremo apoyará esta doctrina porque, resoluciones como la Sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Social, de 8 de abril de 2019, ya avalan en términos generales la eficacia de las comunicaciones electrónicas conforme al régimen procesal, lo que respalda la solución por analogía, aunque no constituya una aprobación jurisprudencial directa y terminante de ese nuevo mecanismo preprocesal como es la oferta vinculante.
La conclusión final, por tanto, es favorable: la jurisprudencia disponible hasta la fecha no prohíbe la remisión de las ofertas vinculantes vía burofax o SMS en paralelo y, leída junto con la legislación aportada, conduce a entender que el uso de email y SMS certificados es jurídicamente defendible y suficiente ya que, el fundamento decisivo para este tema es sobre todo normativo y probatorio.